Deuda Inexistente o Inexigible en Relaciones de Consumo: Análisis Jurídico Contemporáneo

Marco Teórico, Actualización Normativa y Aplicación Práctica

0. Nota Metodológica y de Autoría (Ley 11.723, Arts. 10 y 11)

El presente trabajo constituye una obra de síntesis doctrinaria, actualización normativa y análisis crítico original, realizado con fines científicos y didácticos. Los conceptos dogmáticos fundamentales han sido extraídos, sistematizados y comentados en pleno ejercicio del derecho de cita y análisis previsto en el art. 10 de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, a partir de las siguientes obras fuente:

• Facioni, Sebastián P.: "La teoría de la inexistencia y su vinculación con los pilares del proceso. Seguridad jurídica y preclusión". Publicado en: La Ley Buenos Aires (LNBA) 2008-3-286. (Citar ABELEDO PERROT Nº: 0003/800492 / 0003/800493).

1. Fundamentos Conceptuales: La Teoría de la Inexistencia

La noción de inexistencia jurídica de una obligación se erige como un pilar fundamental cuando se reclama el pago de una contraprestación sin que medie un vínculo contractual válido. Tal como lo destaca la doctrina procesal y civil, la inexistencia es una categoría natural y lógica que se impone por encima de las normas mismas. A diferencia de la nulidad, que supone un acto que existió pero adolece de vicios subsanables o confirmables, la inexistencia parte de la premisa de que el acto nunca llegó a configurarse por la ausencia de un elemento esencial (como el consentimiento o la firma), careciendo de vivencia jurídica alguna.

En el ámbito del derecho del consumo, esta situación se agrava cuando el supuesto deudor es sometido a prácticas de cobranza abusivas. Si la empresa no puede acreditar el consentimiento válido (ej. firma auténtica, biometría, o grabación de contratación), el contrato es jurídicamente inexistente. El principio de buena fe objetiva (arts. 9 y 10 del CCyCN) impone a las empresas un estándar de diligencia que incluye la verificación previa y cierta de la existencia del vínculo antes de iniciar cualquier gestión de cobro.

Esta inexistencia sustancial posee un rasgo crucial en el derecho del consumo: es imprescriptible e inconvalidable. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito procesal puro —donde la preclusión y la cosa juzgada pueden impedir la revisión de actos procesales (como advierte Facioni en su análisis de la seguridad jurídica)—, en el consumo la doctrina de los actos propios opera en contra de la empresa: quien inicia gestiones de cobro sin verificar el vínculo genera una confianza legítima que no puede defraudar invocando luego la validez de un contrato inexistente.

2. Desarrollo Metodológico y Normativo (Actualización 2026)

El marco normativo aplicable ha experimentado una consolidación significativa hacia agosto de 2026. El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) establece en su art. 726 que "no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico". Si el hecho idóneo (el contrato) es inexistente, la obligación carece de causa.

En materia probatoria, el artículo aplica un criterio que armoniza la doctrina procesal con la tuitividad consumeril. Si bien la regla general impone la carga de la prueba a quien alega la inexistencia, el art. 53 de la Ley 24.240 establece un régimen probatorio específico: los proveedores están obligados a aportar todos los elementos de prueba que obren en su poder. Por ende, es la empresa cobradora quien debe demostrar el hecho idóneo (el contrato válido y firmado), y no el consumidor quien deba probar la inexistencia (un hecho negativo), invirtiéndose así la carga dinámica de la prueba en favor del usuario.

La Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor garantiza en su art. 4º el derecho a una información adecuada, clara y detallada. La falta de provisión de la documentación que acredite la contratación impide que el reclamo sea legítimo. Complementariamente, el art. 40 establece la responsabilidad solidaria en la cadena de comercialización, figura que la jurisprudencia ha extendido pro-homine para abarcar a las empresas de gestión de cobranza.

A nivel provincial, el Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 13.133) refuerza estas garantías, otorgando a las autoridades locales (OMICs) facultades para sancionar prácticas comerciales desleales y proteger a los usuarios bonaerenses de métodos de cobro intrusivos, en consonancia con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires que garantiza el acceso a una justicia rápida y efectiva.

3. Casos de Estudio y Aplicación Práctica

La teoría jurídica cobra vida en la resolución de conflictos concretos. A continuación, se presentan escenarios prácticos verificables que ilustran la aplicación de los principios expuestos:

• Caso A: Suplantación de Identidad en Telecomunicaciones. Un usuario recibe reclamos por una línea de telefonía móvil con prefijo de otra provincia que nunca contrató. La empresa no puede exhibir un contrato con firma auténtica ni registros biométricos. Fundamento: Inexistencia del acto por falta de consentimiento y manifestación de voluntad (arts. 260, 262 y 288 CCyCN). La empresa responde por el daño moral y la afectación a la reputación crediticia.
• Caso B: Cesión de Cartera sin Verificación. Una empresa de cobranza adquiere una base de datos "en bloque" y comienza a intimar pagos. Al ser requerida, no puede acreditar la cadena de transmisión del crédito ni el estado de cuenta detallado. Fundamento: Arts. 4, 14 y 16 de la Ley 25.326 (Protección de Datos Personales) y Arts. 4 y 53 de la Ley 24.240. El tratamiento de datos inexactos o inadecuados genera responsabilidad autónoma, y la carga de probar la legitimidad del dato recae en el gestor.
• Caso C: Acoso Telefónico y Vulneración de la Intimidad. Llamadas reiteradas a horarios intempestivos, a familiares o en el lugar de trabajo, tras haberse enviado una Carta Documento solicitando el cese. Fundamento: Art. 8 bis (Trato Digno) y Art. 1770 del CCyCN. La jurisprudencia ha considerado que la mera frecuencia y pertinacia de las llamadas configuran un daño a la intimidad susceptible de reparación económica.

4. Implicancias y Alcance: Responsabilidad y Datos

La responsabilidad por el cobro de una deuda inexistente es de naturaleza extracontractual (o aquiliana), dado que no media un vínculo válido. Sin embargo, la Ley 24.240 opera como norma de orden público. En virtud del art. 1753 del CCyCN, la empresa principal responde de manera objetiva por los daños causados por sus dependientes o empresas de cobranza subcontratadas, no pudiendo eximirse alegando que la gestión fue delegada. Complementariamente, la interpretación pro-homine del art. 40 de la Ley 24.240 se ha extendido jurisprudencialmente para abarcar a quienes gestionan el cobro en nombre de la marca.

En cuanto a la protección de datos, los arts. 14 y 16 de la Ley 25.326 otorgan el derecho de rectificación y supresión (vía Hábeas Data). Asimismo, resulta procedente intimar la preservación de los registros de tráfico. Si bien el art. 45 ter de la Ley 19.798 fue declarado inconstitucional en su aplicación generalizada (CSJN, "Halabi"), subsiste como un deber particular de conservación de la prueba derivado de la buena fe, el art. 53 LDC y el derecho de defensa en juicio, impidiendo que las empresas destruyan los registros filiatorios y de tráfico que acreditan la suplantación o inexistencia.

5. Sección Práctica: Modelo de Carta Documento

Hacia el futuro, la regulación del cobro de deudas enfrentará el desafío de la automatización mediante Inteligencia Artificial. Mientras tanto, la intimación fehaciente mediante Carta Documento sigue siendo la herramienta procesal idónea para constituir en mora a las empresas, cortar la buena fe del cobrador y generar la prueba documental necesaria para una eventual litis.

📚 Enlaces de interés

• Código Civil y Comercial de la Nación (Texto actualizado)
• Ley Nº 24.240 - Defensa del Consumidor (Texto actualizado)
• Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires
• Ley Nº 13.133 - Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores (Provincia de Buenos Aires)
• Ley Nº 25.326 - Protección de los Datos Personales